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En Aguadas detuvieron a un inspector de Tránsito, un contratista y dos guardas


LA PATRIA | MANIZALES

El segundo escándalo de Aguadas este año, por cuenta de funcionarios públicos, se dio ayer. A los procesos penales que afronta el alcalde electo, Óscar Yhonny Zapata, que llevaron a su suspensión y a la designación de un mandatario encargado, se suma la captura ayer de empleados de la Administración Municipal.

En la mañana, la Sijín del municipio detuvo, con orden judicial, a Alexánder Pineda López, de 43 años, inspector de Tránsito (Partido de la U, línea Penagos); su hermano José Gilmer, de 54, monitor de ciclismo; y a los guardas Julián Jhovhany Martínez Luna, de 24 y Julián Esteban Guisao Ruiz, de 22. Los señalan del delito de concusión.

Los uniformados adelantaron dos allanamientos en la Alcaldía. Incautaron un portátil, dos discos duros y dos carpetas con varios documentos.

Los investigan por un caso de junio pasado, cuando le habrían pedido dinero a un infractor para no subirle el comparendo al sistema. El empleado de la oficina de deportes habría servido de intermediario.

Precisamente en ese mes, el Gaula de la Policía detuvo en este mismo municipio, por extorsión, a otro hermano del inspector de tránsito. Al parecer, le exigió $15 millones a una persona, vía WhatsApp, a cambio de no subir al sistema una infracción de tránsito. A la víctima le inmovilizaron el carro el nueve de ese mes por manejar en estado de embriaguez. El sujeto aprovechó ser hermano del inspector de Tránsito para hacer la exigencia.

Los detenidos hacían parte de la Administración desde antes de llegar el alcalde encargado. Pineda López fue candidato a la Alcaldía de Aguadas en el 2011. Quedó segundo, con 3.211 votos.

Este proceso no quiere decir que los capturados sean culpables. Será un juez de la República el que determine si son o no responsables de los hechos que les atribuyen.

 

 

Concusión

El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de ocho a 15 años.


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