Una legislatura difícil


Desde ayer comenzaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, en las que deberán discutirse temas tan importantes como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Los momentos previos a estas espinosas discusiones han sido acalorados, en niveles de temperatura muy superiores a los habituales, con lenguajes altisonantes, graves ofensas y hasta llantos de rabia y coraje. Se prevé que en este ambiente fuertemente polarizado, que nada tiene que ver con el pacto por Colombia del que habló el presidente Iván Duque en su discurso de posesión, estos vitales proyectos no tengan un tránsito sencillo. El tema que acaparará la atención inicial del Legislativo serán las objeciones a la JEP hechos por el mandatario, para lo cual las mesas directivas de Senado y Cámara conformaron subcomisiones que deberán presentar informes a las plenarias. Mientras que en el Senado habría mayoría a favor de las objeciones, en la Cámara las mayorías estarían en contra de ellas, lo que evidencia el duro pulso frente a los temas de paz. No obstante, en este sentido lo mejor sería que la Corte Constitucional resuelva cuanto antes la consulta hecha por el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, acerca de si los congresistas están habilitados o no para resolverlas, o si cometerían prevaricato si debaten el tema. Lo ideal es que hoy mismo, como se ha anunciado, se despeje esa duda y que el Congreso pueda concentrarse en los demás puntos de la agenda.
Con respecto al PND, proyecto al cual el Gobierno Nacional le ha colgado de todo, hasta un plan de financiación de subsidios y una especie de minirreforma pensional, es fundamental que se estudie de manera muy concienzuda, teniendo mucho cuidado de los alcances y posibles efectos de las decisiones que allí se contemplan. Como hay un límite de tiempo para aprobación (7 de mayo), no puede permitirse que sin un análisis pormenorizado de todos los elementos termine a pupitrazo limpio. Desde febrero pasado, en sesiones extraordinarias, se discute su articulado en las comisiones terceras de Senado y Cámara, pero hay grandes escollos por superar. Aquí lo más importante es que se logre consolidar una ruta coherente, clara, transparente, que nos conduzca a tener un país con mejores condiciones para su crecimiento sostenible y sostenido.
Adicionales a estos dos temas clave, en estas sesiones ordinarias el Legislativo también debe acometer la discusión de la polémica Ley de TIC y la reforma política, a la que le faltan cuatro debates, en la que se incluyen asuntos tan importantes como una posible segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá, con el propósito de garantizar una mayor gobernabilidad y legitimidad del mandatario de turno. También deben ser discutidas algunas iniciativas relacionadas con las medidas anticorrupción, después de que el año pasado se fracasó en el trámite de las iniciativas por las que salieron a votar los colombianos en agosto del 2018. A la par, el Congreso estudiará la posible eliminación de la Ley de garantías, bajo el argumento de que ya no hay reelección presidencial.

Otros proyectos en lista, presentados por el Ejecutivo, apuntan a desligar el narcotráfico de los delitos políticos y varias reformas constitucionales que buscan modificar la JEP. Es esta una legislatura bastante particular, además porque en todo el país ya comenzó la campaña política para las elecciones regionales de octubre, lo que hará que los legisladores estén más dedicados a recorrer sus departamentos de influencia y respaldar aspirantes, que a debatir proyectos de ley. En medio de tantos intereses cruzados, donde los partidarios del Gobierno buscarán derrotar a sus oponentes en las regiones, y viceversa, lo que pase por el Congreso puede arrojar resultados inusitados. Por el bien del país esperamos que haya sensatez.


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