Un reclamo indignante


La constructora brasileña Odebrecht, empresa que de manera comprobada corrompió a numerosos gobiernos de América Latina y África con su sistema de ofrecer coimas a funcionarios clave a cambio de obtener contratos millonarios, deja huella en Colombia con sus oscuras prácticas, que incluye sobornos por cerca de $84 mil millones, según la Fiscalía, y quiere seguir imponiéndolas de manera indignante para nuestro país. Ahora pretende que el Estado colombiano le pague una indemnización de $3,8 billones, equivalente al costo de la construcción de tres veces el Aeropuerto del Café con pista de 2.600 metros.
Alegan con desvergüenza que nuestro país incumplió del tratado de protección de inversiones entre Colombia y España, al supuestamente haberlos expropiado indirectamente, y haberlos sacado de la concesión Ruta del Sol 2, de la cual fue expulsada en octubre del año pasado, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de comprobarse las distintas irregularidades cometidas en ejecución de sus corruptas acciones. Para colmo, y en una muestra más de su falta de ética y sus maromas legales para tratar de seguir su trama de engaños, ahora usa el eufemismo de que no es una demanda, sino el simple uso de un acuerdo de protección en búsqueda de una conciliación.
Así las cosas, el Estado colombiano deberá gastarse entre 4 y 5 millones de dólares (de $12 mil millones a $15 mil millones) en el proceso para defender al país de estas absurdas pretensiones, de acuerdo con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, lo que ya es un abuso en sí mismo, después de todo el mal causado a Colombia. Como el caso deberá resolverse en tribunales internacionales, confiamos en que pese la sensatez en esa justicia y se observe que Odebrecht es realmente una empresa sin ética y hasta criminal, tal vez sin parangón en el mundo, que debería ser sancionada de manera drástica no solo por los estados afectados, sino por la Comunidad Internacional.
En el actual escenario, vendrán para Colombia cerca de tres años de pleito buscando salir victorioso ante estas pretensiones irracionales. Es en momentos como este en el que tiene que servir el haber ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en este tipo de asuntos debe actuar como bloque para frenar y sancionar a este tipo de empresas corruptas que se pasan del descaro. Hay que hallar los mecanismos para que paguen de manera justa por sus delitos, y en el caso específico de Colombia se requieren ajustes en nuestras normas para que haya lugar a fuertes sanciones para los contratistas que se excedan en sus comportamientos en la búsqueda de negocios, y que no haya lugar al fomento de tales acciones en nuestro país, sino lograr erradicarlas por completo.

De hecho, cada vez se conocen más casos en los que Odebrecht tuvo que ver para corromper gobiernos en todo el continente. La fiscal venezolana Luisa Ortega, por ejemplo, aseguró esta semana que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, recibió 35 millones de dólares de la multinacional brasileña, y en Perú no solo ya hay presidentes implicados de manera directa en los sobornos y castigados por ello, sino que se empiezan a conocer nuevas situaciones que implicarían a Odebrecht con sus actividades ilícitas con influencia en el sistema judicial. 
Si bien en Colombia ya el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró las investigaciones en contra del excandidato presidencial del Centro Democrático en el 2014, Óscar Iván Zuluaga, y del presidente saliente Juan Manuel Santos, la dimensión del problema en el mundo por la pésima conducta de esta empresa es de tamaño colosal: el Departamento de Justicia de Estados Unidos calcula que los sobornos de Odebrecht llegan a cerca de 778 millones de dólares en 12 países de Latinoamérica y África; una total vergüenza.


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