Un pronunciamiento lógico


"Cuando un presidente pone objeciones a un proyecto de ley, se devuelve en el procedimiento, se retrotrae al segundo debate (en el Congreso) y entonces se inicia de nuevo el debate con relación a las normas que fueron objetadas". Así, de manera muy clara y siguiendo la lógica jurídica, explicó el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo la decisión de ese alto tribunal de abstenerse de pronunciarse, por ahora, frente a las seis objeciones presentadas por el presidente, Iván Duque, a la Ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Serán los congresistas los que debatan dichos reparos y ver si le dan la razón al mandatario o se la niegan.
La aclaración de que la Corte no se pronunciará por ahora es clave, ya que de acuerdo con los procedimientos que establece el Estado de Derecho ese tribunal es competente para ejercer control constitucional, al final del proceso, cuando ya el Congreso ha discutido y aprobado, y el Jefe del Estado ha sancionado una ley. Es decir, no puede hacer ese control antes de que una ley sea sancionada por el Presidente, y el resultado de ese control se acoge a la jurisprudencia acopiada alrededor de los principios básicos de la Constitución Nacional.
Es importante que la Corte se haya pronunciado rápido, como se le pidió, y que haya aclarado que la discusión de las objeciones debe hacerse antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura, con el fin de que a mitad de año haya total claridad acerca de lo que debe pasar con la JEP en el país. El limbo que existe en varios aspectos que le competen lleva a que se haga difícil cimentar unas bases firmes para la consolidación de la paz en Colombia.
Que haya un plazo para dicha discusión resulta muy importante, porque los vacíos jurídicos que existen llevan a que la justicia transicional funcione de manera inconsistente, y que al no estar claras totalmente las reglas de juego, algunos descrean de ellas. Ahora bien, en este sentido, flaco favor le hacen a la JEP los líderes de la exguerrilla de las Farc Iván Márquez, el Paisa y Romaña, quienes no han acudido al llamado de los jueces de esa jurisdicción, pese a los múltiples llamados que se les han hecho. 
El país tampoco puede caer en nuevas leguleyadas como las surgidas luego de que la Corte expresó su decisión de no pronunciarse por ahora. Los llamados del propio presidente del Senado, Ernesto Macías, a desacatar lo manifestado por la Corte acerca de que una vez el Congreso acepte o no las objeciones el texto debe ir a control constitucional solo parece tener el objetivo de seguir dilatando, lo que es totalmente inconveniente para el país, y un ataque a la independencia de poderes que debe haber en una democracia seria. Por fortuna, el criterio del presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, es diferente y piensa que debe haber armonía entre las ramas del poder público.

En este contexto es destacable que el presidente Duque exprese que el pronunciamiento de la Corte debe ser acatado con convicción y que es merecedor de todo su respeto. No de otra manera podría haberse pronunciado el Jefe de Estado de una democracia. Hay que tener claro que cuando la Corte Constitucional ejerza su respectivo control, seguramente después del 20 de junio, podrá estudiar las modificaciones que introduzca el Congreso y formular adiciones, supresiones, e incluso archivar total o parcialmente el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP.


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