Un caso cada vez más turbio


El 2019 arranca con el peor caso de corrupción en Colombia en tiempos recientes en el momento de mayores preocupaciones, debido a los truculentos hechos que se vienen dando alrededor de las investigaciones, con la muerte extraña de dos testigos clave, y la serie de situaciones anómalas en el esclarecimiento de tales decesos. Así, a la espera de nuevos testimonios que podrían aportar elementos fundamentales para tratar de llegar al fondo del asunto, hay gran expectativa este año por lo que pueda pasar en el escándalo por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que en nuestro país habrían alcanzado al menos los 28 millones de dólares.
Sea que hayan sido muertes naturales, suicidios o asesinatos, en todos los casos, los fallecimientos del exauditor del contrato de la Ruta del Sol II Jorge Pizano y del exsecretario de Transparencia Rafael Merchán dejan una mala sensación en el ambiente, por lo que significa para este caso que personas que estaban entregando pruebas significativas o que estaban a punto de aportar elementos fundamentales para acercarse a la verdad de lo ocurrido hayan fallecido en forma sorpresiva. Peor aún, que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de quien se ha comprobado que desde hace tiempo sabía de las posibles irregularidades que se venían dando en contratos manejados por esa compañía extrajera, aparezca tan comprometido en todo esto, al punto de que haya sido necesario nombrar un fiscal ad hoc.
Este fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, cuya designación no estuvo exenta de reparos y críticas por las sombras y dudas que surgieron en ese proceso, tendrá ahora la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones en las que se declararon impedidos, primero Martínez, y luego la vicefiscal, María Paulina Riveros; tres líneas de las 17 que tiene la trama de la empresa brasileña en el país. Inicialmente, para el 21 de enero está programada la audiencia en la cual tres exdirectivos de Odebrecht en Colombia declararán en el juicio al expresidente de Corficolombiana (socia de la constructora brasileña en Ruta del Sol II) José Elías Melo.
Otro hecho turbio alrededor del mismo asunto tiene que ver con el caso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, quien se ha declarado perseguido por el fiscal Martínez. Para el próximo 28 de enero está fijada su audiencia en Colombia, hay expectativa porque en diciembre pasado viajó a los Estados Unidos, país del que también es ciudadano, con el propósito de limpiar su nombre, según dijo. Para este caso y a favor de Andrade era esperado el testimonio del fallecido Merchán, cuyo cadáver fue hallado en su apartamento, cuatro días después de que su familia denunció su desaparición.
Como lo hemos manifestado en otros momentos, para dar una mayor transparencia a estos procesos y recuperar la credibilidad en la justicia lo mejor sería que Martínez diera un paso al costado, y permitiera la llegada de un fiscal en propiedad sin impedimentos en un caso tan grave. Hay que recordar que en Colombia la intervención ilegal de Odebrecht está probada en la adjudicación en el 2010 (gobierno de Álvaro Uribe) del contrato de la Ruta del Sol II, por la que está preso el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, y la financiación de las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y del excandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. 
Como está previsto que el 2019 será un año de importantes revelaciones alrededor de este caso, esperamos que no sigan apareciendo hechos trágicos como los de finales del año pasado, en medio de tantas casualidades. Sería trágico para la justicia que se le sigan poniendo obstáculos a algo tan truculento que promete develar entramados profundos de la corrupción en Colombia.

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