Repudio total a la violencia


La masacre de siete personas en el municipio de Argelia (Cauca), independientemente de quiénes sean sus autores y de quiénes sean las víctimas, debe hacer levantar al país para protestar en contra de este tipo de acciones violentas que nos arrastran al pasado. Como lo anota la Conferencia Episcopal Colombiana en un comunicado divulgado ayer, estos hechos no contribuyen a la construcción de una auténtica reconciliación y paz, y por el contrario, se constituyen en una nueva expresión del horror que pretende generar miedo entre comunidades que luchan por dejar atrás la guerra que han padecido por décadas.

De acuerdo con la Fiscalía, los homicidas serían miembros del Eln en medio de una lucha territorial en esa región del litoral Pacífico colombiano. Se presume que las siete personas fueron asesinadas en límites con el municipio de El Tambo y sus cadáveres abandonados luego en la carretera entre los sectores rurales conocidos como Sinaí y La Belleza. No obstante, los líderes de esa guerrilla salieron ayer a desmentir su responsabilidad en los repudiables hechos, y a lamentar el crimen. ¿Se les puede creer? Con sus antecedentes recientes resulta difícil.

Si fuese cierto que el Eln está detrás de esta masacre se pondrían en entredicho las ya frágiles conversaciones que el Gobierno Nacional lleva a cabo con los líderes de ese grupo subversivo en La Habana (Cuba), con quienes no ha sido posible llegar a acuerdos para un cese bilateral del fuego. Lo cierto del caso es que en esa zona del suroccidente del país, además del Eln actúan numerosas bandas criminales, por lo que solo una investigación más profunda podría llevar a señalamientos contundentes y concluyentes acerca de la autoría del múltiple crimen.

Llama la atención que, de acuerdo con la información oficial, entre las víctimas hay dos exguerrilleros de las Farc, quienes habrían regresado a sus andanzas delincuenciales. Como sea, es reprochable que ocurran este tipo de hechos violentos en los que se pierden vidas humanas en medio de actos parecidos a los que se pretende dejar en el pasado para siempre con los acuerdos de paz y con el impulso a programas de reconciliación, sobre todo en lugares como estos, en los que la violencia se mantiene viva.

El hecho de que los cadáveres presentaran signos de tortura, al parecer con clavos, y que sus pieles estuvieran marcadas con supuestos símbolos, según los análisis forenses, nos remonta a las peores épocas del paramilitarismo que esperamos no vuelvan a surgir. También es conocido que en ese sector del Cauca hay amplias extensiones de cultivos ilícitos y que la zona es corredor estratégico usado por los narcotraficantes para sacar la coca procesada hacia el Océano Pacífico. Así, que hay múltiples elementos que evidencian que esta masacre es solo un síntoma de los graves problemas de orden público en la región, en la que el Estado tiene una presencia mínima.

 

Sin importar que los nefastos hechos del Cauca tengan relación o no con la matanza sistemática de líderes sociales en todo el país, los recientes asesinatos de Santa Felicinda Santamaría, en el Chocó, y de Luis Barrios Machado, en el Atlántico, ambos defensores de Derechos Humanos, exige la más contundente condena de todos los colombianos. Cualquier forma de violencia, y más aquella dirigida a líderes comunitarios inermes y comprometidos con causas sociales, tiene que ser repudiada, y necesita una respuesta efectiva del Estado. Es triste que, según datos de la Defensoría del Pueblo, para el 28 de febrero de este año se habían contado 282 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia desde el 2016. ¿Si esto sigue, a dónde llegaremos?

 

 

 

 


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