Por un país sin crimen


El presidente Juan Manuel Santos, quien desde septiembre del año pasado anunció que el llamado Clan del Golfo tenía voluntad para someterse a la justicia y dejar de delinquir (desde mayo del 2016 así lo habrían manifestado), sancionó el pasado lunes la ley que permite que bandas como esa se acojan de manera colectiva a la justicia colombiana, a cambio de algunos beneficios en materia de lugares de reclusión y rebaja de penas, principalmente. Si esto llegara a concretarse con el sometimiento real de esas organizaciones criminales, Colombia podría ganar mucho en seguridad en los próximos meses y años. Además, porque está previsto que para obtener beneficios deberán entregar toda la información acerca de sus actividades ilícitas, como las rutas del narcotráfico, por ejemplo.
De hecho, si el Eln tuviera la voluntad de empezar un cese unilateral del fuego y convencer con sus actos al nuevo gobierno de Iván Duque que vale la pena mantener vivas las negociaciones para lograr su desarme, podríamos pensar en que Colombia aspire de manera real a una paz completa, que abra el camino para la construcción de un nuevo país alejado de la violencia. Desde luego, para ello también se necesita que cesen las acciones violentas en contra de los líderes sociales, los cuales vienen siendo asesinados de manera sistemática.
Algunos piensan que esta ley no debería servirles a las llamadas disidencias de las Farc, que se apartaron de los acuerdos de La Habana, y que siguen generando terror en varias zonas del país, pero es claro que esta nueva norma persigue es acabar con actividades criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, entre otras conductas criminales. Otro cuestionamiento es si solo con una ley como esta es posible, en realidad, pacificar el país, o si más allá de lo legal lo que se requiere con mayor urgencia es que el Estado haga presencia en todo el territorio, no solo militar sino también con programas que generen alternativas de empleo para los jóvenes, y así cortar de raíz los atractivos que la delincuencia puede tener para algunos.
Hay que tener claro que el Estado ha sido incapaz de vencer a esas bandas, y que inclusive se está quedando corto en la protección de la vida de quienes representan minorías ideológicas inermes en toda la geografía nacional. No obstante, ese no puede ser motivo para no pensar en la posibilidad de que con mecanismos más efectivos para enfrentar la delincuencia organizada y dándoles a las bandas la oportunidad de someterse a la justicia sin prebendas excesivas, gocemos de mejores condiciones de seguridad. Lo que se requieren son acciones coordinadas para que el aparato de justicia funcione en la ejecución de esta ley, pero al mismo tiempo intervención social efectiva en las comunidades y operativos militares sólidos para erradicar cualquier grupo delincuencial que pretenda seguir en las mismas.

Lo que se espera es que en próximos días comience de manera oficial el sometimiento del Clan del Golfo, lo que tendría que significar también una disminución importante de los crímenes que cometen cada día en Colombia. Sin embargo, tomando en cuenta que este tipo de organizaciones suelen transformarse y que la presencia de las mafias ha demostrado ser muy poderosa, el Estado tendrá que copar adecuadamente todo el territorio y evitar que aparezcan nuevas expresiones de este tipo. Los operativos contra el crimen organizado tendrán que seguir con gran energía, sin bajar la guardia. Si imaginamos un país sin crimen y trabajamos para que ello sea posible, llegará el momento en el que Colombia deje atrás la violencia endémica que nos ha acompañado en la historia. Como sociedad no podemos ser inferiores a ese anhelo.


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