Nicaragua: un diálogo difícil


La paradoja es clara: un Gobierno que se autoproclama de izquierda prohíbe la protesta social. Es lo que sucede en Nicaragua, en donde los manifestantes que salieron el sábado a las calles para repudiar de nuevo al mandatario, Daniel Ortega, se estrellaron con un muro de represión. Las cuentas hablan de por lo menos 160 detenidos y decenas de personas golpeadas, entre las que se cuentan los periodistas que cubrían la información y que fueron obligados a entregar sus equipos. Ya van 11 meses desde que se iniciaron actividades en contra del régimen, que intenta perpetuarse en el poder, y esta era la primera marcha convocada después de seis meses, desde cuando fueron prohibidas.
Como si fuera poco, entre los aprehendidos se encontraban varios dirigentes de la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la que hasta ayer había interlocución con el Gobierno con el fin de buscar una salida negociada a la crisis, pero lo sucedido pone en entredicho la voluntad de solución que puedan tener los orteguistas. Los integrantes de este colectivo, entre los que se cuentan líderes religiosos, cívicos, académicos y empresariales, congelaron las conversaciones por considerar que no hay garantías para seguir adelante. Algunos denuncian que se está usando la estrategia de Venezuela, donde la oposición intentó negociar, pero el régimen aprovechó la oportunidad para ganar tiempo, dilatar las decisiones y permanecer en el poder.
La comunidad internacional reclama del Estado garantías para la oposición. Europa estudia la imposición de sanciones. Varios países latinoamericanos promueven la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que podría permitir la suspensión del país. El secretario General de la OEA, Luis Almagro, se desplazó ayer mismo a Nicaragua para intentar reunirse con el Gobierno y verificar qué tanta disposición real hay de restablecer el diálogo, pero con el respeto por los representantes de los colectivos de la oposición. El país aún no se repone de los 325 muertos, los 600 presos políticos y los cerca de 40.000 refugiados que han llegado a Costa Rica principalmente, desde que se inició la crisis. Apenas han sido liberados a cuentagotas unos cuantos detenidos, pero se siguen dando las capturas de otros.
La violencia con la que el régimen de Daniel Ortega ha tratado de contrarrestar las protestas en su contra hace temer lo peor en la actual situación. Este país ha visto cómo durante los últimos 11 meses las calles se han llenado de militares y de policías que reprimen a los ciudadanos, también cómo se ha perseguido a la prensa que denuncia los excesos y cómo se apresan las personas que intentan salir a las calles a protestar como ocurrió el pasado sábado. Hay un ambiente de tensión muy complejo y hace temer que la represión en lugar de ceder se torne más dura.

La obsesión por perpetuarse en el poder que tienen regímenes como el de Nicaragua, Venezuela y Bolivia provocan un desbalance en las instituciones democráticas y derivan en violencias como las que se han vivido al menos en los dos primeros países. Ojalá pronto se retome el rumbo democrático, pues estos gobiernos demuestran con sus acciones lo que verdaderamente son: dictaduras con piel de democracia.

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