Moderación en las alzas


Como consecuencia de la Resolución 844 del 2018, emanada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado en 12 municipios de Caldas están sufriendo alzas exorbitantes en las tarifas que le pagan a Empocaldas. En muchos casos se han dado incrementos de hasta el 200% desde enero pasado, lo que viene provocando protestas en esas poblaciones. La situación no es exclusiva de Caldas, sino que afecta a 908 municipios en todo el país, que comparten una característica especial: tienen 5 mil o menos suscriptores de esos servicios. Los nuestros son: Samaná, Victoria, Marquetalia, Manzanares, Marulanda, Viterbo, Supía, Marmato, Filadelfia, Aguadas, Salamina y Neira.
De acuerdo con la CRA, la razón de los aumentos es que se venían manejando costos correspondientes a los años 2003 y 2004, y desde el 2016 no se había hecho ningún ajuste en las tarifas. Ahora, sin la posibilidad de manejar incrementos graduales, se les obliga a los municipios a que se pongan al día de un solo golpe, sin pensar en las consecuencias nefastas de semejante medida, más cuando las poblaciones que reciben el mayor impacto son las más pequeñas, donde las economías son precarias y donde además las redes de acueducto y alcantarillado, en general, no son las óptimas.
Hay tal grado de injusticia y desequilibrio en lo dispuesto que el mismo gobernador de Caldas, Guido Echeverri, ha desarrollado gestiones ante el Gobierno Nacional, en búsqueda de una flexibilización de la medida sin obtener hasta ahora ningún fruto. Es de lógica que lo pertinente es fijar un plazo sensato para pagar lo que durante muchos años no se cobró y que de manera gradual los usuarios se ajusten a un pago actualizado. Lo que se está haciendo es arbitrario y arriesgan a que el efecto sea que la gente no pague, se compliquen los problemas de cartera y se generen nuevos inconvenientes de solución aún más difícil.
Es irracional que desde un escritorio en Bogotá, sin sopesar consecuencias, se adopten medidas cuyo impacto lesiona de manera grave el bolsillo de las familias. De esta manera, en lugar de cerrar las brechas entre las regiones y el centro se amplían, y en lugar de generar riqueza se ponen nuevos obstáculos a la lucha contra la pobreza que afecta a un amplio número de colombianos. Lo ideal sería que el Gobierno Nacional reverse la medida y la ajuste a la realidad económica de los municipios, donde es admisible que haya incrementos, pero nunca de un solo golpe como se pretende.

Lo más grave es que las alzas no solo se están dando en acueducto y alcantarillado, sino que en toda la región también se sienten los incrementos en las tarifas de gas y de energía eléctrica. Por un lado, Efigás explica que la motivación de los cambios tiene que ver con los costos del combustible en su fuente (que se calculan con base en dólar, el cual viene en alza desde julio pasado), y su posterior transporte, distribución y comercialización. En los últimos tiempos se han dado cambios que son desfavorables para los abonados al servicio. Y, en el caso de la energía pareciera que la crisis de Hidroituango sumada al anuncio de un supuesto fenómeno de El Niño que no se concretó, distorsionó la realidad del mercado de energía en bolsa y la encareció, lo que termina siendo pagado por los usuarios. Las quejas en este sentido empiezan a escucharse.

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