Las disidencias, en la mira


Los familiares de Javier Ortega, periodista de 34 años; Paúl Rivas, fotógrafo de 45 años, y Efraín Segura, conductor de 60 años, los tres al servicio del diario El Comercio de Quito en el momento de su secuestro el 26 de marzo y su posterior asesinato, lograron un profundo descanso al poder darles cristiana sepultura el pasado viernes 29 de junio. Sus cadáveres fueron hallados por las autoridades colombianas en zona rural de Tumaco, tras una intensa búsqueda siguiendo pistas alrededor de los movimientos de alias Guacho y su banda del autodenominado frente Oliver Sinisterra, autores del execrable crimen. Luego de comprobar sus identidades, los cuerpos fueron trasladados a Ecuador, donde fueron acompañados por una multitudinaria manifestación que exigió justicia.
No era para menos. Aunque ya quedó atrás la incertidumbre por el paradero de las víctimas de la disidencia de las Farc que insiste en generar violencia, ya no solo en contra de Colombia sino también de Ecuador, en este caso, este es un hecho que no puede quedar impune. Además de lo que significa el asesinato de tres personas en hechos que comprometen la tranquilidad limítrofe entre dos países hermanos, el hecho de que las víctimas hayan sido periodistas que investigaban acerca del incremento de la violencia en esa zona de la provincia de Esmeraldas (Ecuador), lo que también constituye una violación de derechos humanos fundamentales y un salvaje ataque a la libertad de información y expresión. Así, pues, en el caso de los tres periodistas asesinados las investigaciones tienen que seguir hasta hallar a los responsables y castigarlos.
Guacho tiene que ser un objetivo prioritario, no solo por cometer un crimen de esa naturaleza, en el que se evidencia la sevicia, sino por su determinación de no seguir los lineamientos de sus antiguos líderes que acogieron en La Habana el camino de abandonar la lucha armada, lo que demuestra que no tiene el más mínimo interés en la paz. Esas personas que hoy persisten en hacerle daño al país y a nuestros vecinos ya recibieron una oportunidad de oro que desaprovecharon y no queda más camino que enfrentarlos con toda contundencia, y con el propósito de que el Estado logre copar todos los territorios desde el punto de vista bélico, pero también con toda clase de programas que blinden a Colombia del resurgimiento de nuevas violencias.
Este grupo de bandoleros y las demás disidencias representan, de acuerdo con cálculos de las autoridades colombianas, cerca de 1.200 hombres que permanecen alzados en armas, cometiendo toda clase de delitos, desde secuestros y extorsiones hasta actividades de narcotráfico y minería ilegal que afectan profundamente el medioambiente. Esta realidad plantea el imperativo de ejecutar acciones contundentes de las Fuerzas Militares colombianas para neutralizar no solo a los autores del asesinato de los tres comunicadores ecuatorianos, sino a todas esas disidencias de las Farc, a las facciones del Eln que mantienen actos criminales en diversos puntos del territorio y a las llamadas bacrim que ejecutan crímenes del mismo tipo en todo el país.

Colombia no puede darse el lujo de permitir que la violencia vuelva a tomar ventaja, cuando hay una reducción histórica en la cifra de homicidios, cuando se ha logrado proteger la vida de miles de soldados y policías, cuando la gran mayoría de poblados que antes estaban expuestos al dominio de toda clase de grupos irregulares han recuperado la calma y cuando hay expresiones palpables de reconciliación y sana convivencia en comunidades en las que antes reinaba la desconfianza. Por eso, en un trabajo coordinado de ataque frontal a las estructuras criminales y presencia del Estado en pago de la deuda social que se ha acumulado por décadas, será posible superar las actuales dificultades y tener en el futuro un país que le apuesta al desarrollo y al cierre de caminos a la delincuencia.


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