La reforma a la tutela


La Constitución de 1991 trató de modernizar la democracia colombiana y para ello estableció que esta sería participativa, es decir, entregaría herramientas al ciudadano para que formara parte de las decisiones. Poco a poco se cumple con ese propósito con más bandazos que satisfacciones. Sin proponérselo la acción de tutela se convirtió en el mecanismo que por antonomasia encontraron los colombianos para hacer valer sus derechos, entendieron que este era un instrumento para poner en función el Estado y les resolviera los derechos tantas veces negados.
La tutela ha sido el mecanismo de acceso a la justicia para la gente del común más efectivo de nuestra historia republicana. En 27 años que lleva funcionando, luego de que la Constitución de 1991 la instaurara, ha sido utilizada 7 millones de veces por la gente, lo cual también es un signo de que hay muchas otras instancias y derechos que no se les están garantizando debidamente a los colombianos. 
La acción de tutela la usan ciudadanos, pero hasta autoridades han acudido a ella para exigir el cumplimiento del Estado de sus deberes. La Alcaldía de Manizales, por ejemplo, la ha usado ya en varias oportunidades, porque alcaldes, gobernadores y servidores públicos en general son conscientes del poder que tiene para resolver situaciones. Incluso se da el caso de que autoridades maniatadas por alguna norma le recomiendan directamente a una comunidad o a una persona que interponga esta acción para que le ordene a él hacer lo que debería, pero que una norma no se lo permite.
En Manizales, por ejemplo, el Consejo Seccional de la Judicatura, de la mano de varias instituciones, decidió montar una oficina que les ayude a los ciudadanos a resolver muchos de los problemas que se presentan por la mala prestación del servicio de salud, el mismo que ocupa el 90 por ciento de las tutelas que se presentan en la región. Con esta solución se busca no solo que las entidades de salud atiendan oportuna y eficientemente a los pacientes afiliados, sino que se descongestionen los despachos judiciales, en ocasiones atascados por cuenta de la cantidad de expedientes que pretenden amparar derechos fundamentales. Porque las EPS volvieron a la tutela un trámite más, toda una paradoja, porque es un recurso extraordinario.

La reforma a la tutela es bienvenida siempre y cuando sirva para ordenar la casa, para que se facilite su interposición, para que se gestione de mejor manera, por ejemplo, que se presenten temas que requieran especialidad ante jueces especializados; o para que se controle que los fallos judiciales de cosa juzgada no sean reabiertos sino por alguna violación flagrante del derecho. En ningún caso esta idea puede considerarse para restringir la posibilidad de que los ciudadanos reclamen sus derechos porque eso sería restarle su mayor valor, que no es menor, haberle dado una herramienta al constituyente primario en el que vea que la democracia funciona y que la violación de sus derechos no puede ser pasada por alto.


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