Castigo al matoneo escolar


Al resolver una acción de tutela con la que un menor pretendía que se le ordenara su reintegro a un colegio de Bogotá, la Corte Constitucional terminó generando jurisprudencia acerca de que el derecho a la educación no se vulnera cuando un alumno es expulsado del establecimiento educativo por haber afectado la dignidad de sus compañeros o por hacer un uso ofensivo de las redes sociales. Obviamente, antes de que un colegio tome la determinación de sancionar de esta manera a un estudiante, debe darse el trámite respectivo en el que se respete el debido proceso y el agresor tenga la posibilidad de aportar su versión de los hechos.
El caso que dio origen a la sentencia se refiere al resultado de una investigación emprendida en un colegio por "uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos (de algunas compañeras del colegio) con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo". Como el alumno fue expulsado al final de la investigación, él presentó una tutela bajo el argumento de que se estaba violando su derecho a la educación. El hecho concreto que sirvió de base para considerar más importante la dignidad de las estudiantes afectadas, fue que el joven implicado le pidió una fotografía de su torso desnudo a una compañera de clase, de 13 años, y luego la compartió con amigos haciendo uso de redes sociales. Otras compañeras habrían sido víctimas de la misma conducta del menor.
Así, pues, en esta actuación se vulneraron, claramente, los derechos a la intimidad, honra y buen nombre de por lo menos tres menores de edad que confiaron en el joven. Si bien este caso no puede considerarse propiamente matoneo, como lo establece la Ley 1620 de 2013, la Corte fue enfática al señalar que sí se trató de una agresión escolar, además de haberse violado el manual de convivencia de la institución educativa. Obviamente, por extensión, cuando las conductas de matoneo de cualquier tipo afecten a otros estudiantes en sus derechos fundamentales, aún si este no se da en el claustro, sino en redes sociales, los directivos escolares quedan con herramientas para tomar medidas sancionatorias.
Hasta el momento, en los colegios los directivos solo se podían limitar a informar acerca de los riesgos del uso de las redes sociales, pero con el fallo del alto tribunal podrán asumir una posición más activa. Lo aconsejable en este punto, según los expertos, es trabajar más en la prevención de estas conductas, y ayudar a que los padres de familia se involucren más en el día a día de sus hijos en los hogares alrededor de situaciones que pueden resultar lesivas, ya sea porque haya complacencia con el matoneo hacia otros, o porque se alejen tanto de la cotidianidad escolar que ignoren que sus hijos son víctimas de otros compañeros.
Las graves consecuencias que hechos como estos pueden tener deben llevar a la reflexión a las comunidades educativas y a las familias acerca del uso adecuado de internet y de las redes sociales. Debe ilustrarse de manera clara acerca de las consecuencias que pueden tener situaciones que comienzan como juegos, pero que también pueden convertirse en hechos abusivos y violadores de derechos. Con respecto al joven expulsado, hay que encontrar alguna fórmula para ayudar a su formación e integrarlo al sistema educativo con el propósito de enderezar su camino, no dejarlo excluido.

En la medida en que se avance en todos estos aspectos se podrán prevenir múltiples conflictos escolares y, sobre todo, formar ciudadanos respetuosos de los derechos de otros. Debemos entender que lo fundamental en una sociedad es lograr una sana convivencia, y esa solo se alcanza con el fomento de conductas que comprendan adecuadamente los deberes y los derechos que todos tenemos.


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