opinión |

Delito político, guerra y narcotráfico


El tratamiento privilegiado del delito político que se concreta en las figuras de la amnistía y el indulto, obedece a la necesidad de facilitar la negociación política de los conflictos armados internos. En esos contextos, la aplicación de un maximalismo punitivo, esto es, la criminalización de los competidores armados del Estado, hace inviable un acuerdo de paz. Adherir a la lógica del enemigo absoluto impide acortar la duración de las guerras. Para hacer viable la negociación política del conflicto armado entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, las partes evitaron adherir a esa lógica y retomaron el delito político, una figura que ha estado presente en varios episodios clave de la historia jurídica colombiana desde el siglo XIX.
Teniendo en cuenta que las guerras son una empresa costosa y que los rebeldes suelen acudir a diversas fuentes ilegales de financiamiento, la figura del delito político ha estado acompañada de otra igualmente importante: la conexidad entre ciertos delitos comunes y el delito político. En nuestro caso, el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de ingresos de guerrillas y paramilitares. Su auge catapultó, desde los años ochenta, la capacidad militar y el tamaño de esos aparatos de guerra. La correlación entre narcotráfico y crecimiento exponencial de las guerrillas y de los paramilitares dio rienda suelta a las metáforas de criminalización de los actores armados; metáforas orientadas -en un simplismo ad nauseam- a reducir las diferentes explicaciones del origen y prolongación de nuestro conflicto armado a un solo motivo: la codicia. Esto llevó incluso a negar la existencia de un conflicto armado, cosa que fue reiterada en el infame, insensato, mediocre e incendiario discurso de Ernesto Macías el pasado 7 de agosto. “El político -afirmaba Nicolás Gómez Dávila- tal vez no sea capaz de pensar cualquier estupidez, pero siempre es capaz de decirla”. 
El equipo negociador del gobierno colombiano en La Habana acertó al incluir la figura de la conexidad entre delito político y el narcotráfico, en el texto final del acuerdo de paz. Uno de los criterios establecidos para avalar esa conexidad tiene que ver con la diferencia que existe entre usar las armas para obtener rentas ilegales y buscar esas rentas para mantenerse en armas. 
Sin embargo, ahora el presidente Duque retorna al camino de la criminalización de la guerra y de los combatientes, haciendo aún más difícil concretar un eventual acuerdo con el Eln. Afortunadamente, el proyecto de acto legislativo presentado por el nuevo gobierno para eliminar esa conexidad no tiene efecto retroactivo. De todos modos, preocupa que en una sociedad como la nuestra, en la que el conflicto armado persiste como consecuencia de no haber logrado un acuerdo que involucre a todos los actores armados y en la que, además, nuevas expresiones de violencia política pueden surgir, se añadan obstáculos a los procesos de negociación política. 
El gobierno justifica su decisión en el imperativo de la lucha contra la producción y comercialización de drogas ilegales. Plantear que la fórmula para resolver el problema de las drogas es el desmonte de esa conexidad entre delito político y narcotráfico, la reanudación de las fumigaciones aéreas, la criminalización del pequeño productor y del consumidor, es ingenuo, falaz y contraproducente. El paradigma punitivo contra las drogas se ha ensayado por décadas y los resultados han sido siempre negativos. Los principales beneficiarios de esa errática estrategia han sido los narcotraficantes y el crimen organizado. Es un error pretender que aplicar la lógica del enemigo absoluto en un contexto de conflicto armado es parte de la solución al problema de las drogas. La inteligencia financiera, la interdicción aérea, la cooperación judicial internacional y, sobre todo, la promoción de la inclusión social y productiva en el campo colombiano, son estrategias mucho más eficaces en la lucha contra el narcotráfico. La política de mano dura contra los eslabones más débiles en la cadena del narcortráfico, solo erosiona la legitimidad del Estado y arroja a los campesinos alejados de los bienes públicos y de los mercados en manos de sus competidores armados o en manos de bandas criminales que, por esa vía, logran acumular no solo poder económico sino también poder político. 


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