opinión |

¿Libertad y derechos para Santrich?


El país al revés. Estamos ante el riesgo de que sea el propio Senado de la República, a través de su Comisión de Paz, quien le dé la estocada final a nuestra institucionalidad. A manera de conclusión en dicha comisión, el senador Temístocles Ortega expresó: “Santrich no debe ser extraditado y en consecuencia debe ser considerada su libertad y de esa forma garantizarle mayor confianza y tranquilidad al proceso de paz que se adelantó con las Farc”. Adicionalmente la Comisión de Paz considera que a Santrich “se le debe respetar su derecho a la participación política, para que ocupe su curul en la Cámara de Representantes”. ¡Qué tal!
No puede ser posible que la motivación principal para oponerse a la extradición de un delincuente de estas características, sea “garantizarle mayor confianza y tranquilidad al proceso de paz”. Esto es, en la práctica, que en Colombia el grado de impunidad es directamente proporcional a la peligrosidad del delincuente y al volumen de los crímenes cometidos. O, en otras palabras, que la justicia se aplica en mayor o menor grado de acuerdo con la capacidad de amenaza del procesado. ¡Esta es la claudicación de la justicia ante el terrorismo, el hampa, el narcotráfico y los delitos atroces!
Y es, además, el inicio del fin de nuestro sistema democrático. Porque la democracia se basa en la libertad, y cuando ésta se limita y con ello se arrincona la justicia, desaparece la igualdad ante la ley y se da pie para que entre la anarquía. Porque cuando vemos al propio Estado arrodillado ante las amenazas del terrorismo, y a instituciones como el Senado de la República totalmente entregadas a la voluntad de los delincuentes, asistimos al inicio de una dictadura en la sombra que es capaz de dominar los poderes públicos y, con ello, dominar la voluntad democrática. Una dictadura que va a resultar legitimada por la institucionalidad. Una dictadura amparada por quienes deberían imponer castigo y aplicar las leyes. Una dictadura peor que las de los países vecinos, porque aquí quedará exenta de responsabilidades al recibir la bendición de las instituciones constitucionales.
“Debe ser considerada la libertad” de Santrich. Esto, en síntesis, es la claudicación de nuestro sistema judicial en favor del narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento y la violación de menores, la extorsión, los asesinatos selectivos, las masacres colectivas, las mutilaciones de inocentes y tantos otros crímenes cometidos por las Farc que hoy están viendo cómo sus métodos de intimidación, sus amenazas veladas o directas, sus mensajes de acabar con un proceso de paz leonino, y sus propósitos de dominación por el terror están teniendo éxito ante el asombro y la decepción de los colombianos de bien. 
La JEP ha hecho hasta lo imposible por defender a Santrich y por garantizarle impunidad. Y ahora esa actitud cómplice parece ser asumida en igual forma por la Comisión de Paz del Senado de la República. ¿Qué nos espera? ¿Esta no será la expedición de una patente de corso para que los delincuentes farianos sigan delinquiendo sin temor a castigo alguno? ¿No estaremos entregando el peor mensaje a la delincuencia, para que se organice y ejerza su poder de intimidación a sabiendas de que la lenidad en las penas dependerá de su poder destructivo y sanguinario?
¿Quién puede garantizar que la libertad de Santrich no signifique su fuga, al igual que lo hicieron Iván Márquez y “El Paisa”? ¿Cómo así que “se le debe respetar su derecho a la participación política para que ocupe su curul en la Cámara de Representantes”? ¿Acaso cuando a estos delincuentes se les repusieron sus derechos, no se volvieron también sujetos de obligaciones? ¿Pueden ellos entonces seguir violando la ley, delinquiendo y narcotraficando; es decir, incumpliendo sus obligaciones, pero reclamando sus derechos?
El Estado, hoy más que nunca, debe mostrar su fortaleza, su carácter y defender su institucionalidad. Claudicar por temor a que se rompan unos acuerdos sistemáticamente incumplidos por los enemigos de Colombia, sería entregarles esa institucionalidad para que la vuelvan su propio cobijo delincuencial.


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