opinión |

Las pruebas y su legitimación


Curiosamente, en febrero de este año, “ad portas” del debate electoral para la Presidencia de la República, en el que el candidato de Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, encabezaba las encuestas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación abierta contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos y la abre contra el expresidente. Desde luego, un giro investigativo como este debe estar sustentado en pruebas. Confieso que no he leído el expediente, María Isabel Rueda que leyó el auto, escribe: “…me puse en el trabajo de leer las 219 páginas del auto. Mi conclusión: no sé en qué parte se encuentra probado que Uribe estuviera manipulando testigos”. Yo me pregunto: ¿Habrá una prueba reina que les permita a los juzgadores deducir que Iván Cepeda cuando supuestamente ejercía funciones de senador en sus constantes visitas a las cárceles no buscaba testigos en contra del Dr. Uribe? Porque a mí la simple manifestación de que se trata de un senador que hace parte de la comisión de derechos humanos me parece insustancial. Siguiendo tal criterio, si un sacerdote visita a un preso es porque va a confesarlo (nueve veces o veintiuna, como fueron las visitas de Cepeda a su testigo Monsalve) y si es un médico a revisarlo y si es abogado porque es su cliente, cuando resulta que es simplemente su amigo o lo es de la señora a quien acompaña (como en el caso del Dr. Jaime Lombana). ¿De qué derecho humano estamos hablando? Al parecer el que surge del hacinamiento de los presos. Allí tenemos entonces al senador Cepeda en las cárceles ¿buscando las razones que lo procuran? ¿O buscando aliviarlo? En el otro extremo tenemos a Juan Guillermo Monsalve, preso y condenado por parapolítica, quien comparte celda con otro condenado (hacinamiento de dos) y, quien, desde los años noventa tiene un secreto, muy bien guardado, que compromete a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. El destino, la conjunción de los astros, la fortuna o los dioses hacen que se junte el voluntarioso defensor de los derechos humanos en busca de víctimas con el guardador del secreto quien, espontáneamente lo revela al senador que, casualmente también, resulta ser el mayor enemigo de Álvaro Uribe. Curiosamente también las condiciones de reclusión de Monsalve mejoran, pero al guión le viene bien.
Yo fui juez y en un corto período en materia penal, en esa época los autos y ordenamientos se conocían con su notificación, ahora se filtran y los interesados las conocen por las noticias, lo peor es que se conocen hasta las pruebas. Entre ellas una documental especialmente llamativa por la que el testigo Monsalve declara sobre el asunto y pide excusas a Álvaro Uribe y en forma paladina afirma los hermanos Uribe Vélez no tuvieron nada que ver en la conformación de grupos paramilitares; a continuación la firma y, más abajo y con la misma letra una nota aclaratoria en donde señala que la anterior declaración escrita la hizo bajo presión. No obstante el desconocimiento de quien lo incorporó al proceso el documento resulta cuando menos peculiar. La pregunta que cabe hacerse es ¿Qué prueba el documento? Puesto que el testigo ya había declarado en contra de los hermanos Uribe solo agregaría al excusarse que lo hizo bajo presión, pero si alguien efectivamente lo presionaba para esos efectos, es indudable que no aceptaría una prueba que, más allá de la excusa lo que contiene es una denuncia de la presión ejercida. Si la prueba la entrega Monsalve al juez, no prueba la excusa ni la presión, pero sí demuestra el interés del testigo en perjudicar a los hermanos Uribe ¿Podrá tenerse por cierto que alguien escriba de su puño y letra y bajo su firma, una declaración y a continuación también bajo su firma aclare que fue bajo presión? Tratándose de un solo documento resulta palmar que la presión no existe.
Después vienen las chuzadas, bueno… las de la Corte a Álvaro Uribe que, no ocurrieron en el proceso que la entidad le abrió por supuesta manipulación de testigos sino en otro diferente que se sigue contra el parlamentario Nilton Córdoba que la Corte ordena agregar al proceso contra Uribe. Entendamos que, la Corte no ordenó chuzar el teléfono de Uribe sino que, como lo ha dicho el Dr. Barceló se hizo por error porque el parlamentario Córdoba lo dio como suyo propio en un proceso en su contra iniciado en el 2016. Se demoraron pues 18 meses o más para darse cuenta de que era de Uribe y no de Córdoba no obstante que el teléfono se pide para notificaciones, Sin embargo el resultado de las chuzadas, según el mismo Barceló fueron llevadas al proceso que se abrió contra Uribe, cuando esa prueba así obtenida resulta ilegítima, esto es, sin legitimación, la que algunos tratadistas llaman del fruto envenena


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