opinión |

¿Quién paga la gratuidad?


En Colombia es muy usual que se adopten políticas educativas sin una sólida y probada exposición de motivos. Pero más grave aún es que no se haga el debido seguimiento de su impacto. Para no hacer demasiados esfuerzos de recordación histórica veámoslo en presente: Jornada Única, PTA (Programa Todos a Aprender), Colombia Bilingüe y Ser Pilo Paga (hoy Generación E) son programas que no cuentan con estudios calificados que demuestren con claridad meridiana su impacto, y simplemente cada institución educativa habla bien, regular o mal, según como le haya ido. 
Pero no me voy a detener en el análisis de estos programas. Me referiré a la gratuidad de la educación promulgada en el primer periodo del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011. Adoptar la gratuidad universal de la educación en una nación es una decisión progresista de avanzada en términos de república. Así lo requieren las organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos, como la ONU, la UNESCO, la UNICEF y la OEA, y así lo ha firmado Colombia en pactos internacionales como el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) que data desde 1968, y el convenio americano de los derechos del niño de la OEA. 
Y no puede ser otra la decisión si el propósito es garantizar el derecho a la educación de la población de un país, sencillamente porque como lo afirma el doctor Derek C. Bok, exrector de la Universidad de Harvard: “Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”. De acuerdo con esto, es entendible que estos organismos internacionales propendan por una gratuidad universal que no solo incluya costos educativos, sino también costos agregados al derecho a la educación como la alimentación y el transporte.
¿Pero qué ha pasado en Colombia durante estos nueve años de vigencia de esta política? El Ministerio de Hacienda gira los recursos a los FSE (Fondos de Servicios Educativos), que son algo así como las tesorerías de los colegios. Y lo hace cada año de acuerdo con el número de estudiantes matriculados: empezó en 2012 girando en promedio $82.000 por estudiante, mientras que para la vigencia de 2019 giró en promedio $89.713. Hay que aclarar que entre 2017 y 2019 se ha presentado una disminución en los giros del 19%, que es el equivalente de pasar de un valor promedio por estudiante de $110.780 en 2017 a $89.713 en 2019. Adicionalmente a esta disminución en el giro de los recursos, debemos sumar el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2017 y 2018, que según el DANE fue del 4,09% y del 3,18%, respectivamente. Esto nos permite afirmar que los recursos de gratuidad para las instituciones educativas del país han sufrido durante el periodo 2017-2019 una disminución del 26,27%, resultado de agregar el 19% del recorte de los giros con el acumulado inflacionario del periodo en mención (7,27%).
El análisis cuantitativo es mucho más complejo, pero no quiero fatigar su paciencia porque considero que las cifras mostradas son suficientes para sustentar la tensión que ahora ronda en la docencia directiva del país y que comparto plenamente, porque no es serio ni responsable que se decrete una política nacional sin que se garanticen los recursos de sostenibilidad, máxime cuando se trata de sectores tan sensibles como la educación y la salud. Por eso nos preguntamos: ¿Quién paga la gratuidad de la educación? ¿Estamos asistiendo acaso al mismo viacrucis de la “sisbenizacion” de la salud? ¿Decretar la gratuidad de la educación no implica un compromiso en términos de garantizar condiciones de dignidad? ¿Estas decisiones en materia de hacienda pública son coherentes con los planes de desarrollo del anterior gobierno: “Todos por un nuevo país”, o del actual: ¿“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”?
Espero que estas líneas motiven la reflexión de todos los actores educativos e invito a las autoridades del alto gobierno y a la clase política para que las prioridades en educación no se dejen a la merced de las “disponibilidades presupuestales”, pues estas son perentorias e inaplazables y solo deben depender del afán por educar un pueblo que mañana hará realidad nuestros sueños de patria.


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