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Toche con guayaba madura


Cada cuatro días desde hace casi dos años, una familia, acompañada de su comunidad, sale a enterrar a su padre o su madre, asesinados por el hecho de ser líderes, por pedir la tierra que les quitaron en la guerra, por oponerse a las economías ilícitas de la minería criminal o de los cultivos ilícitos, o simplemente por ser presidentes de la junta de acción comunal o de una organización de víctimas, de afros o indígenas.

Para estas familias, para estos niños y niñas huérfanos, para estas comunidades la paz aún no ha llegado. Van casi 300 líderes asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc.

Es inevitable relacionar esta cadena de homicidios selectivos con la ocurrida entre 1984 y 1992, conocida como el genocidio de la Unión Patriótica - UP. En ese periodo fueron asesinados en Colombia cerca de 3000 integrantes de un partido político que surgió como parte de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno del presidente Belisario Betancur.

Pareciera que este acuerdo de paz desencadena una nueva aniquilación selectiva de líderes, aunque esta vez no directamente relacionados con un partido político.

¿Por qué ocurre esto? ¿Es que la paz no puede venir sin la muerte?

El Estado colombiano no fue capaz de proteger a los líderes de la UP en su momento, y parece que no es capaz de proteger a los líderes comunitarios en la actualidad. Los altos funcionarios del Gobierno salen con declaraciones destempladas e insultantes sobre las posibles razones del asesinato de las víctimas, logrando solo revictimizar a los sacrificados, a sus familias y comunidades. Pero las acciones para detener este nuevo genocidio no se ven.

Los líderes, hombres y mujeres, son el motor de las comunidades y la base para la gobernanza en los vastos sectores rurales de nuestra patria. También son la alternativa de organización y diálogo en las ciudades y espacios urbanos de nuestros pueblos. Los líderes son un cimiento indispensable de la paz.

Debemos protegerlos. Entre todos. Son nuestra esperanza. Debemos exigir del Gobierno una actitud decidida para ofrecerles una seguridad efectiva. Y debemos exigirle más respeto con las víctimas que no fue capaz de proteger.

 

Javier Moncayo Plata

Director Ejecutivo PDPMC


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