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Santos toma medidas para frenar matanza de líderes


COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Tras la ola de asesinatos de líderes sociales en el país, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció ayer un plan de choque con medidas que pretenden poner freno a este fenómeno que afecta a las comunidades.

Las decisiones se tomaron luego de la realización de una Comisión de Garantías Electorales en la que estuvieron presentes representantes de las entidades del Estado, parte del equipo de Gobierno y miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Al finalizar la reunión, el mandatario destacó que gobernadores y alcaldes deben poner un mayor esfuerzo y ayudar al Gobierno Nacional a luchar contra este fenómeno. “Aquí tenemos que trabajar más de la mano con ellos y también asignarles unas responsabilidades especiales”, dijo Santos en referencia al compromiso de las entidades territoriales.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), las medidas anunciadas por el presidente son suficiente para tratar de combatir este fenómeno en lo que le queda de periodo presidencial a Santos, 7 de agosto.

“Son medidas que no tiene únicamente la participación del Gobierno, sino también de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y eso es esencial. Por ejemplo, la ampliación del Plan Orus, la creación del mecanismo en la Policía de respuesta rápida, me parecen que son medidas suficientes y necesarias para afrontar el problema y para un gobierno al que le quedan cuatro semanas”, dice Restrepo.

Sin embargo, para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, estas son medidas temporales que “no están resolviendo el tema de fondo que es que pare la masacre y que se logren crear mecanismos de protección para los líderes. Esto solo se logra si hay una judicialización, es decir, solo en la medida que la Fiscalía avance en las investigaciones, esto se va a poder detener, antes no”.

Ante esto, Guillermo Rivera, ministro del Interior, afirma que la Fiscalía entregó un informe pormenorizado de los resultados de las investigaciones durante la comisión en el que se establece que hay una tasa de esclarecimiento de alrededor del 50%. “Ya hay un número importante de autores materiales e intelectuales identificados entre las organizaciones criminales. A la que más homicidios se le atribuye por cuenta de la Fiscalía es al Clan del Golfo”.

La mayor duda que surge en relación a este plan de choque anunciado por el Gobierno está relacionada con la continuidad en el próximo mandato, debido a que el presidente electo, Iván Duque, fue invitado a esta comisión, pero no asistió, analistas cuestionan el compromiso con este fenómeno.

Medidas

Entre las medidas anunciadas por el presidente, se fortalecerá la Unidad Nacional de Protección con 50 mil millones de pesos que se le adeudan para que se inviertan en estudios de riesgo colectivo, ampliar esquemas individuales y acelerar la implementación de la ruta colectiva de riesgo.

Otra orden consiste en acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame. Así mismo, el mandatario ordenó crear un plan urgente de intervención por 30 días en cabeza del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por estos hechos que son los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

Desde el Ministerio de Defensa, de acuerdo con el presidente, se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por le Defensoría al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz. Así mismo, se ordenó crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De la misma manera se creará un sistema de recompensas por información que permita identificar a los responsables de los atentados contra líderes sociales y de derechos humanos. Dichas recompensas serán mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.

Santos agregó que se iniciarán investigaciones al interior de la Fuerza Pública debido a que en el interior de ellas se están presentando casos de corrupción para fortalecer las ‘mafias’ que están detrás del asesinato de los líderes sociales.

Los pendientes

Pese a estas medidas quedó sobre el tapete que todavía no hay una cifra exacta de cuántos líderes han sido asesinados, cuántos están amenazados y las causas tras de estos hechos, debido a que las entidades del Estados manejan datos distintos.

De acuerdo con el ministro del Interior, para este caso puntual, el presidente le pidió que se valide el trabajo de verificación que en terreno hace la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a que es un ente neutral.

Otro tema que quedó pendiente luego de la reunión está relacionado con la supuesta persecución de la que están siendo víctimas líderes sociales afines a la Colombia Humana que representa el excandidato presidencial Gustavo Petro, ese movimiento denunció que desde el 27 de mayo de este año hasta y hasta el 7 de julio se contabilizan 50 muertes violentas de líderes sociales o defensores de Derechos Humanos, entre ellos líderes locales y miembros activos de la campaña de Petro, además de numerosas amenazas.

“Vamos a establecer comunicación directa con la Colombia Humana para saber qué está pasando con una especie de persecución que se ha venido generando contra los líderes de ese movimiento político. Seré el funcionario encargado de establecer con ellos el diálogo”, dijo Rivera en referencia a los cuestionamientos de ese movimiento político.

 

Según datos de la Fiscalía, entre el primero de enero del 2016 y el 6 de julio pasado fueron asesinados 181 líderes sociales, de los cuales en 89 casos ya se ha aclarado quiénes son los autores, hay 18 sentencias generadas y 168 personas capturadas.


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